Cerramos el año 2016 y, con los datos en la mano, parece que puede afirmarse ya con cierta confianza que España ha superado la crisis inmobiliaria. Las cifras colocan a España como el cuarto país europeo más atractivo para invertir en real estate, tan solo por detrás de Reino Unido, Alemania y Francia. De la mano de la recuperación, y una vez que los Gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones de 2015 ruedan con normalidad, empiezan a conocerse ya diversas iniciativas legislativas para retomar la regulación urbanística. Destacan los procesos ya iniciados por Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Madrid.
Algunas de las reformas en curso abordan una cuestión clave de la actividad inmobiliaria, la iniciativa en materia urbanística. Al hilo de las tramitaciones parlamentarias, se empieza a oír hablar de la necesidad de acotar al máximo el suelo susceptible de urbanización. En algunos casos, se elimina la categoría del suelo urbanizable no sectorizado o programado y la iniciativa que, para su ordenación, ostentaban los agentes privados. Las propuestas que se han conocido en este sentido se plantean como reacción a los efectos de la burbuja inmobiliaria. En algunas zonas de nuestro país esta ha dejado la huella de promociones sin acabar, fuera de mercado y sin una demanda clara que permita terminarlas y ponerlas en uso.
Sin negar la buena intención de la regulación, lo cierto es que tampoco parece del todo acertado achacar exclusivamente a la iniciativa privada el fracaso de las promociones que fueron sorprendidas por el inicio de la crisis. Baste pensar en el número de tramitaciones, publicaciones, alegaciones, informes sectoriales y aprobaciones administrativas que ha sido siempre necesario sacar adelante para comenzar la ejecución de cualquier iniciativa urbanística, fuera esta pública o privada.
Si lo que se pretende es evitar la especulación habría que centrar más los esfuerzos en incrementar la transparencia y la efectividad de los controles administrativos que en eliminar cauces de iniciativa que pueden tener tanta justificación como cualesquier otros.
El debate abierto parece buen momento para reflexionar sobre la importancia que, en términos de atracción de inversiones y de generación de riqueza y empleo, tiene un ejercicio adecuado de las competencias administrativas en materia de urbanismo. Las Administraciones públicas han demostrado que, cuando actúan con rigor, agilidad y flexibilidad, pueden constituirse en el mejor aliado del sector privado para la consecución de los relevantes intereses, públicos y privados, que confluyen en este tipo de actuaciones. Ello debería ser la norma.
Borja Carvajal es Director en el área de regulatorio y cumplimiento de KPMG Abogados
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