El riesgo climático ha recibido este verano en Europa el espaldarazo definitivo para convertirse en una cuestión empresarial estratégica… allí donde aún no se había logrado esta consideración. Ya no hay vuelta atrás. Ni cabe mirar hacia otro lado.
En junio, en Europa vio la luz un importante paquete de medidas y recomendaciones que forma parte del Plan de Acción de 2018 para financiar el desarrollo sostenible con el objetivo de impulsar un sistema financiero que apoye (y financie) la reconversión hacia una economía baja en emisiones. Recordemos que cumplir en 2030 con los acuerdos de París requiere en la Unión Europea invertir anualmente 180.000 millones de euros que, en su mayor parte, vendrán del ahorro privado. Un ahorro que hay que reorientar hacia la inversión sostenible por el canal más adecuado: las finanzas sostenibles.
Además de concienciar y avanzar en la dirección correcta, el objetivo de la Unión Europea es impulsar con mayor transparencia, garantías y seguridad la innovación que está surgiendo en torno a la financiación sostenible: bonos verdes, azules, sociales y sostenibles, créditos verdes, índices de sostenibilidad, fondos de inversión y de pensiones que siguen criterios sostenibles, ETFs y un largo etcétera.
El paquete de medidas aprobadas por la UE incluye cuatro documentos muy relevantes para el sector financiero en su conjunto, pero también para el resto de industrias. En primer lugar, la Guía sobre cómo informar de las cuestiones relacionadas con el clima, que integra las recomendaciones realizadas en 2015 en el seno del Financial Stability Board conocidas como Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Esta guía aporta recomendaciones prácticas a las empresas sobre cómo informar del impacto que su propia actividad tiene sobre el clima y al revés, el impacto de las cuestiones climáticas en sus cuentas de resultados. Estas pautas aportarán más luz a las aproximadamente 6.000 compañías europeas cotizadas, bancos y aseguradoras que deben cumplir con la Directiva 2014/95 sobre reporte de información no financiera. Y permitirá a los inversores tomar mejores decisiones a la hora de valorar el grado de sostenibilidad de los diferentes activos financieros.
“La necesidad de transitar hacia una economía más baja en carbono no tiene vuelta atrás. El sector financiero tiene que desempeñar un papel clave canalizando recursos hacia proyectos, actividades e inversiones que avancen en esa dirección. La regulación debe establecer las condiciones que le permitan hacerlo”, señala Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad de KPMG en España.
Más seguridad y transparencia incorporan también los otros documentos aprobados el pasado 18 de junio: tres nuevos informes elaborados por el Grupo Técnico de Expertos de la Comisión (TEG en sus siglas en inglés). El primero es una taxonomía o clasificación para determinar si una actividad es sostenible medioambientalmente y en qué grado, según el volumen de emisiones contaminantes que genere. El segundo, establece los estándares de la EU para los bonos verdes, es decir, determina qué actividades pueden financiarse con este tipo de bonos y qué características precisas deben tener estos para recibir la calificación de bonos verdes. Y el tercero tiene por objeto precisar la metodología y los requerimientos técnicos para los benchmarks de inversión que incorporen consideraciones de cambio climático, además de las financieras, y que faciliten las decisiones de emisores e inversores que persiguen objetivos sostenibles o Environmental, Social and Governance (ESG).
Todas estas medidas vienen a ser un revulsivo para aquellas empresas y entidades financieras que todavía no habían integrado la sostenibilidad en sus procesos, en sus productos, en su forma de hacer negocios, y hasta en su cultura corporativa. Entendiendo por sostenibilidad no solo los aspectos medioambientales, sino también sociales y el resto de objetivos recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados por la ONU.
Este nuevo entorno afecta a empresas no solo de los sectores menos medioambientalmente friendly, sino de cualquier sector que no quieran quedarse fuera ni de las nuevas demandas de los consumidores, ni de las millonarias inversiones que ya están fluyendo desde todos los rincones del mundo hacia proyectos y activos sostenibles. Un dato: solo en la industria de gestión de activos, el ahorro gestionado en todo el mundo con criterios sostenibles superaba en 2018 los 30,7 billones de dólares, es decir, 1,5 veces el PIB de Estados Unidos. Y ha crecido un 34% en los dos últimos años, según datos de Global Sustainable Investment Alliance, que cifra en 17,5 billones de dólares las inversiones que tienen en cuenta los criterios ESG. Invertir con criterios ESG implica considerar el impacto social y/o medioambiental sin menoscabo –lógicamente- de la rentabilidad financiera.
Para el sector financiero, las implicaciones son sino mayores, sí especialmente relevantes. No solo deben reportar sobre los riesgos climáticos, como otros sectores, sino que también debe analizar su exposición directa e indirecta a esos riesgos y gestionarlos. Entre 2017 y 2018, los desastres naturales relacionados con el cambio climático causaron pérdidas económicas por importe de 653.000 millones de dólares, según datos del último informe de AON Weather, Climate and Catastrophe Insight.
Desde el punto de vista de supervisión, hace tiempo que los reguladores y supervisores financieros están poniendo el foco en el creciente impacto de los riesgos no financieros, entre los que destaca el riesgo climático. Este riesgo lleva varios años en el top del Global Risks Report del World Economic Forum e incluso el Banco Central Europeo (BCE) lo ha incluido este año en su mapa de riesgos a supervisar.
En España, el anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética –aún en tramitación- contempla que cada dos años el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones evalúen los riesgos para el sector financiero del cambio climático. El propio Banco de España ha alertado públicamente a las entidades del impacto que puede tener en su actividad el cambio climático y la transición ecológica.
“Los bancos tienen ante sí el reto de determinar cuál es el papel que quieren y pueden desempeñar en el ámbito de las finanzas sostenibles. Esto significa, entre otros, definir sus objetivos en este ámbito y empujar su cartera de financiación hacia una economía más baja en carbono. En todo ello serán clave el empuje de los consejos de administración y los modelos de riesgos de las entidades”, añade Ramón Pueyo.
Adicionalmente, como actores del sistema financiero y del mercado de capitales, las entidades financieras son un catalizador/financiador del proceso de transición ecológica. Las entidades de crédito y otros participantes del sistema financiero –desde aseguradoras a gestoras de fondos, pensiones, bancos de inversión, capital riesgo etc.- son actores imprescindibles para ir hacia esa economía más sostenible porque están en los dos lados, como proveedores del crédito necesario para que se desarrolle la actividad económica, y como gestores y canalizadores de gran parte del ahorro.
Ese doble aspecto surpervisor/catalizador es precisamente el objetivo de la iniciativa que puso en marcha el año pasado el Banco de Francia, la Network for Greening the Financial Systems (NGFS), que ya integra a 36 bancos centrales y supervisores de todo el mundo, incluido el Banco de España. Su objetivo es doble: contribuir al desarrollo de la gestión del riesgo climático en el sector financiero, pero también movilizar financiación para abordar la transición ecológica, compartiendo experiencias y buenas prácticas. A esto se une el plan de trabajo que está llevando a cabo la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en el ámbito de las finanzas sostenibles y los estudios que también está realizando sobre riesgos climáticos el Banco Central Europeo (BCE). Como avanzó en junio el vicepresidente del BCE y exministro español de Economía, Luis de Guindos, este organismo se plantea incluir los riesgos del cambio climático en los próximos test de estrés de la banca.
No estamos al principio. Tampoco al final, sino en medio de un cambio que no tiene vuelta atrás. Ni para la sociedad, que este verano ha estado a punto de desatar una crisis diplomática ante la proliferación de incendios en el Amazonas y ha convocado para septiembre una huelga mundial por el clima. Ni para la empresa, que asiste a la presión de la sociedad, empleados, consumidores, reguladores, los supervisores, inversores… Todos los stakeholders empujan en la misma dirección crear un futuro sostenible basado en otro modelo de producción, en una economía de bajas emisiones. Un cambio de modelo que hay que llevar a cabo y que, necesariamente, requiere de la participación y desarrollo de las finanzas sostenibles.
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