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Semana intensa a todos los niveles la vivida en Chile –en la calle y en los despachos-, concluyó con un gran acuerdo de la casi totalidad del espectro político que abocará en los próximos meses a un proceso constituyente, este deberá conducir a la redacción de una nueva Constitución, sustituirá la actual vigente desde 1980.

Retrotrayéndonos al pasado martes 12 de noviembre día de mucha violencia irracional y saqueos orquestada por las calles de norte a sur del país llevó a pensar en la activación de un estado de excepción constitucional. Pasadas las 22 horas el presidente Sebastián Piñera, hizo un llamado a la unidad de los chilenos y apeló a toda la dirigencia política a tres compromisos:

  • Por la paz y contra la violencia
  • Por justicia, que impulse una agenda social para “un Chile con más oportunidades”
  • Por una nueva Constitución, con un plebiscito ratificatorio.

Desde ese instante se abrieron negociaciones entre partidos. A las 02.25 de la madrugada del viernes 15, los líderes de las distintas colectividades políticas con la excepción del partido Comunista y la Federación Verde Regionalista Social (FRVS), anunciaban un pacto llamado “Por la paz social y la nueva Constitución” cuya finalidad será reemplazar la actual Carta Magna chilena.

Así, el documento de dos páginas suscrito instituye un plebiscito de entrada -defendido desde el inicio por la oposición al gobierno-, con dos preguntas. En la primera, el votante se debe pronunciar sobre si apoya o no un cambio constitucional. La segunda propone dos mecanismos para su elaboración:convención constituyente” compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos para esa labor y/o, una “convención mixta” con porcentaje de participación de parlamentarios (50%) y de miembros electos para ese fin (50%).


Igualmente, el consenso incluye, también, que el plebiscito se fije para abril del próximo año, y cualquier arreglo al que llegue la instancia a crear requerirá el apoyo de 2/3 de sus miembros para su aprobación.

La elección de los constituyentes se efectuará en octubre del próximo año, junto con los comicios de gobernadores regionales y alcaldes. El plazo de funcionamiento de la instancia será de 9 meses, prorrogable una sola vez por otros tres meses.

A su vez, el texto reglamentario que redacte la “convención” tendrá que ser visado por medio de un “plebiscito ratificatorio” mediante voto obligatorio. El sufragio se efectuará “60 días después” de entregada la propuesta de la nueva Disposición. Sin embargo, el convenio establece que “en ningún caso este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular”.

Fue el Presidente del Senado quién al amanecer informó de la “salida pacífica y democrática de la crisis”, agregando “es una victoria de toda la ciudadanía” y que se trata de una salida institucional.


Lo más inmediato, terminar con los actos vandálicos y destrucción indiscriminada de bienes públicos y privados se condensa en el primero de los 12 puntos “los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”.

El expresidente Ricardo Lagos, a través de twitter dijo “estoy optimista por el acuerdo alcanzado que inicia una nueva etapa”, escribió.

Hubo una respuesta casi instantánea –unas horas más tarde-, por parte de los mercados. Por lo pronto, el dólar retrocedió con fuerza frente al peso chileno pasando de los 802,63 a 777,57. Sería el mayor retroceso diario desde el 26 de noviembre de 2008, en plena crisis financiera.

En tanto, la Bolsa de Santiago a través del IPSA, pegó un brinco de 6,44%, el más alto desde el 18 de diciembre de 2017, coincidiendo con el triunfo de Sebastian Piñera en la elección presidencial, se empinó hasta un 6,9%. El listado de los avances era encabezado por Grupo Security (19,29%), Salfacorp (16,95%) e Inversiones La Construcción (16,21%). Siguieron la misma línea los Bonos del Banco Central en UF (BCU) con vencimiento a 7 y 10 años apuntaron las mayores caídas diarias desde que hay registros: el primero desciende 85 puntos base hasta 0,44% y el segundo 73 hasta 0,69%, debido a la menor incertidumbre.

Por último, el riesgo país de Chile medido en CDS a 5 años retrocedió hasta los 48 puntos básicos, vuelve a ser el spread más bajo de América Latina. Le siguen Panamá y Perú con 51. Más atrás México (91) y Brasil (122).


Finalizamos, refiriéndonos a la sesión del Parlamento Europeo en Bruselas, el día 13 de noviembre, en el que se trató la situación de Chile. El eurodiputado español del PP Leopoldo López Gil, alabó las propuestas del Ejecutivo de Sebastián Piñera para aliviar las protestas sociales. Recordó que el propio Gobierno ha pedido a Naciones Unidas que envíe una misión a Chile para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Mientras la parlamentaria española Inmaculada Rodríguez-Piñero, del PSOE, afirmaba “Chile es un socio fiable y muy importante para la UE, con una democracia consolidada, comprometida con los derechos humanos y defensora del multilateralismo, del comercio justo bien regulado y del medio ambiente" y confió en que se ponga en marcha un "proceso de renovación y reforma del contrato social" para Chile.

Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanos, España, Jordi Cañas, se refirió igualmente a Chile como el "primer aliado en Latinoamérica" de la Unión Europea. "Sus problemas también son los nuestros", subrayó Cañas, que comparó la situación en el país con las tensiones sociales que ha vivido Europa en los últimos meses con, entre otros, los chalecos amarillos en Francia.

Tomás Pablo Roa, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S.L.