Hace once días nos encontramos de bruces con una espiral de protestas y violencia desatada tanto en Santiago, capital de Chile, como en varias regiones de norte, centro y sur del país.
Era para no creérselo. A primera vista pareció ser una respuesta a la subida del boleto del Metro en 30 pesos chilenos (0,037 céntimos de euro), esta alza excluía a los educandos y adultos mayores. A pesar de esto hubo destrozos de torniquetes y estaciones causando daños cuantificados en más de 350 millones de dólares liderados por “estudiantes”.
Ante la virulencia de los desmanes observados en las diversas jurisdicciones la autoridad se vio en la obligación de declarar el estado emergencia y toque de queda, norma contemplada en la Constitución y que suele aplicarse entre otros casos a perturbaciones graves del orden interno. No es la primera administración chilena que lo utiliza, en 2010 lo tuvo que hacer la entonces presidente Michele Bachelet, por los saqueos ocurridos a consecuencia de un terremoto.
Chile, es una de las democracias más antiguas del mundo, el Estado de Derecho debe hacer frente a quienes lo desafían, no nos referimos solo a los participantes de los actos violentos y delictuales vividos en estos días. Además, deben incluirse a las organizaciones e instituciones que legitiman estas acciones vengan de donde vengan.
Desde el regreso a la democracia en 1990, los distintos gobiernos habidos han procurado más allá de las legítimas diferencias ideológicas, mantener siempre el respeto y la calma a raíz de situaciones conflictivas, dando la mejor respuesta viable atendiendo a las circunstancias de cada momento y de las capacidades de las finanzas públicas nacionales.
Tal es así que una de las fortalezas chilenas reconocida desde el exterior es su estabilidad institucional indispensable para que las inversiones crezcan, se generen puestos de trabajo, ampliándose cada cierto tiempo la gama de sectores y nichos susceptibles de abordarse y sobre todo que los resultados conduzcan a mayores cotas de crecimiento para atender la aún extensa lista de necesidades de la población.
En estos 29 años los partidos de centro izquierda han gobernado durante 24 y los de derecha alcanzarán los 8 cuando a inicios del 2022 al actual Jefe del Estado concluya su mandato. En los siete gobiernos habidos se han apoyado las demandas no solo de los más desfavorecidos, sino, también, se ha avanzado en educación, promovido la innovación y se han abordado los déficits de infraestructuras todas cuestiones muy relevantes para ir engendrando nuevas oportunidades a los ciudadanos que habitan en el territorio.
Sin dudarlo sostenemos que Chile se ha expandido en este período consolidándose como una plataforma económica sólida dentro del continente. Veamos datos que confirman estos progresos. El Chile de los 90 era un pueblo que comenzaba a luchar por salir del subdesarrollo, tenía un Producto Interno Bruto, (PIB) nominal de 32.851 millones. En 2018 esta cifra subió hasta los 300 mil millones de dólares y hoy es una nación emergente de ingresos altos, a unos pocos pasos de situarse entre los avanzados.
Se habla mucho estos días de las tasas de “pobreza” y “pobreza extrema”. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a 2017 indica para la primera un 10,7% y para la segunda un 1,8%, ambas las más bajas de toda América Latina después de Uruguay. La media de CEPAL para igual lapso de los 18 países latinoamericanos estudiados es de 30,2% en “pobreza” y un 10,2% en “pobreza extrema”.
Desigualdad es otro de los reclamos. Coeficiente de Gini, medida económica que sirve para calcular la divergencia de ingresos que existe entre los ciudadanos de una demarcación, normalmente se refiere a naciones. El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad (la totalidad tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (uno solo tiene el total de ingresos). De acuerdo a CEPAL, en Chile es de un 0,45, bajo la media de América Latina que es de un 0,47. Los líderes serían Argentina y Uruguay, los dos con un 0,39.
Este es uno de los pocos índices en el cual aún se está alejado de mayoría de miembros la OECD. Cierto es que hace 30 años se estaba en 0.57, por lo que se debe continuar en la tarea de reducir estos contrastes.
Las movilizaciones de estos días giran en torno a expectativas no cumplidas. Esperan del Estado de forma gratuita una superior calidad en la educación, la calidad en la salud, mejores pensiones para los adultos mayores, o reducciones en las brechas salariales entre altos mandos y trabajadores, por citar algunas. De este modo, estiman, se puede evolucionar hacia una sociedad más igualitaria.
La dirigencia responsable de la marcha gubernamental deberá cambiar algunas prioridades y postergar otras para adecuarlas a esta nueva situación realizando las enmiendas que correspondan y acudir al Congreso con aquellas que necesiten ser refrendadas.
Por último, lo conseguido hasta ahora ha sido una labor conjunta de chilenos e inversionistas llegados del mundo entero. Nadie de modo particular puede atribuirse el mérito de este salto colosal. Chile viene haciendo su travesía desde un subdesarrollo duro y triste que poco a poco ha ido corrigiendo los guarismos sociales y económicos situándolos a la cabeza del continente Latinoamericano. A este gran esfuerzo en el extranjero llaman “el milagro chileno”.
Tomás Pablo Roa, presidente ejecutivo de Wolf y Pablo Consultores, S.L.
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