Una vez que la expansión de la pandemia por COVID-19 parece controlada en la mayor parte de los países desarrollados, la atención de gobiernos, empresas y ciudadanos se centra ahora en la transición a lo que se ha dado en llamar ‘nueva normalidad’. Este oxímoron pone de manifiesto que nos adentramos en una etapa que, por un lado, poco tendrá que ver con el escenario previo a la enfermedad y que, por otro, exigirá a la sociedad una rápida adaptación.
Esta etapa se inicia con una profunda caída de la producción nacional. Los datos del INE revelan que el PIB español descendió un 5,2% en el primer trimestre de 2020 en comparación con el trimestre anterior. Los sectores más afectados fueron la construcción, que se hundió un 8,1%, y los servicios, que cayeron un 5,6%. La industria tuvo un mejor comportamiento, con un descenso del 2,7%, mientras que las actividades financieras y de seguros registraron un sorprendente aumento del 1%, ligado a las necesidades de financiación de empresas y familias ante la pandemia y al cierre de operaciones que ya estaban en marcha.
La evolución de los precios también refleja el distinto impacto de la pandemia en los diferentes sectores económicos. El INE ha distinguido en el indicador adelantado del IPC de abril un subgrupo de bienes y servicios que se podían seguir adquiriendo por los canales habituales durante el estado de alarma. Mientras que el precio de los bienes incluidos en este subgrupo se ha incrementado un 1,2% respecto a marzo, el de los servicios cayó un 1,4%, principalmente por la evolución de los precios de la energía.
Al igual que ha ocurrido con los efectos de la pandemia, es previsible que el ritmo de recuperación sea diferente entre sectores. Por un lado, algunos acusarán un mayor impacto de las restricciones que contempla el plan de transición a la nueva normalidad que anunció el Gobierno el pasado martes 28 de abril. Por otro, no todos tendrán la misma capacidad de adaptación ante el probable cambio en los patrones de demanda que provocarán factores como el aumento del desempleo o la incertidumbre. Posiblemente, actividades como la hostelería o el comercio, que han sido los más afectados por las medidas de aislamiento, experimenten una recuperación más lenta y posterior a la de otras actividades productivas.
Luis Buzzi, socio responsable de Turismo de KPMG en España, destaca que, para este sector, el plan de desescalada presenta multitud de incógnitas e incertidumbres. “El Gobierno no ha hecho públicos los protocolos que deberán cumplir las compañías para poder ofrecer a los clientes confianza para que consuman productos turísticos, lo que hace imposible valorar su dificultad de implantación, coste o tiempos necesario para su implementación. Tampoco se conoce el momento y las formas en que se reanudará el transporte aéreo de pasajeros, algo fundamental para destinos insulares, como Baleares o Canarias, así como para volver a atraer demanda de países emisores tradicionales, como Reino Unido o Alemania. Asimismo, tampoco se ha definido cómo será la movilidad en espacios públicos, incluyendo aquellos que suponen una atracción turística, como las playas, lo que puede constituir un factor determinante a la hora de escoger España como destino”, explica.
Estas incógnitas no ayudan a tener una visión clara de recuperación en el sector, más aún ante la cercanía del verano. “Sería recomendable que las Administraciones acelerasen al máximo la resolución de estas cuestiones y crear una plataforma de colaboración con el sector privado para coordinarse y establecer todas las medidas de apoyo necesarias para que la reactivación del sector sea lo más rápida posible, obviamente, salvaguardando la seguridad sanitaria de los clientes. En este sentido, es fundamental que existan acuerdos paneuropeos que creen corredores y espacios seguros que garanticen la libre circulación de turistas en este ámbito, ya que España tiene en los países europeos su principal fuente de turistas”, sugiere Buzzi.
Durante el estado de alarma, la hostelería, el comercio al por menor, o la cultura han reducido su actividad a menos de la mitad. En total, se estima que la actividad ha caído un 24%, lo que ha tenido una clara repercusión en el empleo. Los datos del SEPE revelan que en abril el número de parados se incrementó un 7,97% respecto a marzo. Cerca de 5,2 millones de personas perciben subsidio de desempleo, computando en este dato a los trabajadores incluidos en un ERTE.
Como destaca Jordi García Viña, director en el Área Laboral de KPMG Abogados, los datos sobre el mercado laboral más recientes no son buenos. “Se ha incrementado el número de desempleados hasta superar los 3,8 millones, con especial impacto en tres sectores estratégicos de nuestra economía como son servicios, industria y construcción. La Seguridad Social ha perdido 947.896 afiliados desde el inicio de la crisis y se ha registrado el número más bajo de contratos de toda la serie histórica moderna, sin visos de que esta situación se revierta en los próximos meses, especialmente en el sector del turismo. Además 3,4 millones de trabajadores se encuentran en un ERTE, casi el 91 % motivado por fuerza mayor”, explica.
Ante esta situación García Viña considera necesario lograr los máximos consensos, políticos y sociales, para que el mercado de trabajo en España tenga herramientas para superar esta crisis, de manera que las empresas puedan incrementar su productividad y se refuerce el empleo. “Las medidas han de apostar por la flexibilidad en la gestión de las personas y por el acuerdo entre empresarios y trabajadores”, señala.
Así las cosas, la pandemia podría saldarse con un desplome del PIB español de cerca del 11% en 2020, siempre y cuando no haya rebrotes que obliguen a imponer nuevos aislamientos. En el Programa de Estabilidad para 2020 que le remitió a la Comisión Europea el pasado 30 de abril, el Gobierno estimaba que esa caída será del 9,2%, por encima de las previsiones del FMI y en línea con las perspectivas para el escenario central del Banco de España.
En el programa, llama la atención las estimaciones sobre ingresos tributarios: con unas perspectivas que sitúan la reducción del PIB nominal en más del 10% y la tasa de desempleo en el 19%, se espera una disminución de la recaudación de tan sólo el 2,4% en el IRPF y del 8,7% en el Impuesto de Sociedades. Según el Ministerio de Hacienda, estas previsiones se explican por la cuota diferencial de 2019 que se recauda en 2020. De ser así, una parte importante de la caída de la recaudación de 2020 se trasladará a 2021.
La incertidumbre que generan estos cálculos se traslada también a las previsiones de déficit (10,3%) y deuda (115% del PIB) que recoge el Gobierno en su Programa de Estabilidad, lo que podría provocar la desconfianza de los inversores en los mercados de deuda.
Consciente de su vulnerabilidad, el Gobierno español propuso en el Consejo Europeo del pasado 23 de abril un fondo de reconstrucción europeo. Esta cantidad se entregaría a los estados miembros en forma de transferencias, y estos lo gastarían en programas nacionales respetando las prioridades europeas.
Sin embargo, la propuesta española no recibió el respaldo necesario y la Comisión Europea trabaja en la actualidad en otra, a petición del propio Consejo, que se prevé que sea más cercana a los planteamientos de Alemania y Países Bajos. De este modo, el Fondo de Reconstrucción se articularía en torno a la emisión de cerca de 300.000 millones de euros en préstamos para sostener a empresas mediante financiación propia y ajena. Los Estados miembros debían devolver la parte recibida.
De cumplirse estas premisas, España recibiría a través de los distintos mecanismos que se han puesto en marcha dentro de la UE, alrededor de 75.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el Estado emite 200.000 millones de deuda anualmente y que la crisis del COVID-19 le obligará a emitir 120.000 millones más, seguramente volverá a depender de los programas de compra de deuda del BCE para transmitir confianza a los mercados.
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