El pasado 1 de enero entraron en vigor los Presupuestos Generales del Estado para este año. Más allá de su trascendencia política y del poder vertebrador que tiene el hecho de que, por primera vez desde 2016, nuestro país cuente con unos presupuestos para el conjunto del año, se trata de un activo absolutamente clave para la recuperación, cuyo impacto se extiende en el futuro. Con un importante refuerzo de los instrumentos de protección y redistribución social y 39.000 millones de euros previstos para inversión pública, es un instrumento fundamental para una política fiscal expansiva, que repare los efectos de la crisis impulsando la actividad y el empleo y tratando de evitar un nuevo aumento de la desigualdad como consecuencia de la crisis.
Además, se trata de un pilar fundamental para empezar a poner en marcha un proceso de transformación de nuestro modelo productivo que, junto con las reformas estructurales que el país necesita, aumente la productividad y el crecimiento potencial a medio y largo plazo, que acompañe los dos procesos gemelos de transición ecológica y digital y refuerce la resiliencia económica y social de cara al futuro. Finalmente, se trata de un instrumento vital para canalizar los ingentes recursos comunitarios previstos para los próximos seis años –hasta 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos– para impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo en toda Europa, con una atención especial para los países más afectados por la pandemia.
Este proceso de transformación se concreta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, cuyas líneas generales presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 7 de octubre y que será presentado a las autoridades europeas en cuanto se concluya el proceso legislativo. Como refleja su estructura y contenido, el Plan no es una mera suma de proyectos o un programa de gasto sino que se trata de un verdadero proyecto de país que, partiendo de un diagnóstico de las principales fortalezas, debilidades, las oportunidades y retos compartido por todos los organismos y analistas nacionales e internacionales y por el conjunto de la población española, articula treinta componentes de inversión y reforma para activar las palancas con mayor capacidad tractora sobre el conjunto de la economía. Apostando por la educación y formación, por la innovación, la tecnología y la ciencia, por el refuerzo de los servicios públicos, una nueva economía de los cuidados y la modernización de la Administración pública, por el apoyo a las empresas y el emprendimiento, la adaptación del marco laboral a la realidad del siglo XXI y la modernización de todos los sectores productivos, desde el agroalimentario a la industria, desde el comercio al turismo. Con una atención muy especial a los jóvenes y las mujeres, afectados directamente por la crisis financiera y la actual, así como a la vertebración territorial y social.
El objetivo último es conseguir una España más verde, más digital, más cohesionada social y territorialmente y también más igualitaria en términos de género. Por razones de equidad social pero también de racionalidad económica; para lograr un crecimiento robusto y sostenible desde el punto de vista económico-financiero, pero también medioambiental y social.
Las cifras del presupuesto para 2021 reflejan claramente estas prioridades, con las partidas principales de inversión provenientes de los fondos europeos – unos 15.500 millones de euros – destinadas a los proyectos tractores de actividad, empleo y vertebración territorial y social liderados por los ministerios de Transición Ecológica, Transportes, Vivienda y Movilidad, y Asuntos Económicos y Transformación Digital. A esos se añaden otros 5.000 millones de euros para inversiones en Sanidad y Educación, pilares del Estado del Bienestar.
Nos jugamos mucho, por tanto, con la puesta en marcha del Plan. Y su éxito depende de la agilidad con que se desplieguen las reformas e inversiones, la buena coordinación del conjunto de administraciones públicas implicadas y la actividad e inversión privada que se movilice, para que la financiación y el cambio alcance a todas las capas del tejido productivo y la sociedad.
Por eso, en paralelo con la respuesta a la pandemia, hemos seguido trabajando e impulsando durante 2020 las reformas estructurales previstas en el Plan, desde la nueva política energética y el estatuto para acompañar la transformación de las industrias electro-intensivas hasta la actualización del catálogo de la formación profesional, desde la modernización del sistema de investigación y ciencia a la reforma educativa, desde la lucha contra el fraude y la economía sumergida a la modernización de la justicia, la introducción del Ingreso Mínimo Vital y el trabajo en el Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones. Por eso, en paralelo con el presupuesto, se ha publicado un Real Decreto-ley para agilizar los procedimientos administrativos, crear nuevos instrumentos para la ejecución del Plan y articular un modelo de gobernanza que garantice la coherencia y rapidez en la ejecución garantizando al mismo tiempo el debido rigor y control de los fondos públicos, incluyendo mecanismos para la adecuada coordinación con las comunidades autónomas y municipios y la participación de los agentes sociales.
Dejamos atrás un año tremendamente duro para todos, en lo personal y en lo colectivo. Y los meses que quedan por delante aún serán complicados. La crisis del Covid ha supuesto un reto para nuestro país en muchos niveles: desde la atención sanitaria a la respuesta económica y social. Sin embargo, las medidas adoptadas desde marzo han logrado proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares, tal como refleja la reactivación registrada desde el tercer trimestre del pasado año. A diferencia de crisis anteriores, contamos así con una buena base, tenemos un Plan de actuación y los recursos económicos para desplegarlo, gracias a la decidida respuesta europea. Y también contamos con lo más importante: la determinación del Gobierno, del conjunto de agentes económicos y sociales, del conjunto de la sociedad, para afrontar los retos de futuro y aprovechar bien todas las oportunidades en este proyecto trascendental de transformación de nuestro país.
Tribuna originalmente publicada en Expansión el 11 de enero de 2021.
Vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España.
La certificación tipo es un procedimiento reconoc...
La gestión de riesgos es hoy crítica para la fij...
Si piensas en productos de consumo, es probable qu...
