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La UE ha admitido la denuncia interpuesta contra España por no haber traspuesto a su legislación nacional la Directiva 012/27/UE de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. La denuncia parte de la Plataforma Ciudadana para la Investigación Judicial del Sector Eléctrico QAE, ya la adaptación del contenido de la Directiva a un Real Decreto acumula un retraso de más de un año.

La Directiva tiene como finalidad principal potenciar las medidas de eficiencia energética para aprovechar el potencial de ahorro de energía. Para ellos, los estados miembros deben articular políticas para fomentar la elaboración de auditorías energéticas en las PYME y establecer su obligatoriedad en las grandes empresas, ya que el ahorro de energía obtenido puede ser significativo.

De este modo, todas aquellas empresas que tengan en plantilla más de 250 empleados o un volumen de facturación de más de 50 millones de euros al año, independientemente del sector al que pertenezcan, deben someterse a una auditoría energética periódica realizada por expertos cualificados como auditores energéticos según el sistema establecido por el Estado miembro.

Para acceder al texto completo de la DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, entre aquí.