España se enfrenta a un problema demográfico de calado derivado de la escasez de población y de sus repercusiones futuras en el ámbito económico y social. Sin embargo, ni los ciudadanos ni las empresas ni los políticos tienen conciencia de su gravedad. Esta es una de las principales conclusiones del Consenso Económico, correspondiente al primer trimestre de 2019, que desde 1999 elabora PwC a partir de la opinión de un panel de más de 400 expertos, directivos y empresarios españoles y que, en esta edición, incluye un monográfico dedicado a España, Europa y el reto demográfico.
Una amplia mayoría de expertos -77,7%- cree que la sociedad española -ciudadanos, empresas y fuerzas sociales- no ha entendido la seriedad del reto demográfico al que nos enfrentamos y un 82% asegura que tampoco contamos con los representantes políticos adecuados para hacerlo. Un escenario de falta de nacimientos que -según el 45,3% de los encuestados-, se traducirá en las próximas décadas, entre otras consecuencias, en la imposibilidad de aumentar nuestra población activa y, por lo tanto, de generar ingresos que compensen los gastos de los más veteranos.
El 70% de los expertos y empresarios considera que, para evitar un posible colapso demográfico de nuestro país, se deben poner en marcha un mix de medidas políticas que fomenten la inmigración ordenada -61,6%-, la natalidad -54,1%- y la actividad laboral de los mayores -39,1%-. De hecho, el 44% cree que las migraciones deberían ser la vía de ajuste natural de los diferenciales demográficos en las diferentes regiones y países del mundo. Sin embargo, los panelistas coinciden en señalar que ni la sociedad española -56,6%- ni la europea -64,1%- están preparadas para que este tipo de mecanismos actúen sin trabas.
El monográfico analiza los retos que la demografía plantea desde el punto de vista del mantenimiento del sistema de pensiones. Los encuestados consideran que las tres razones más importantes de la no sostenibilidad del sistema español de pensiones son, por este orden, la disminución del número de trabajadores en proporción con el de pensionistas; el aumento diario de la esperanza de vida y la resistencia para remover la barrera de los 65 años para la jubilación efectiva de los trabajadores. En este sentido, el 52,5% de los expertos y directivos apuesta porque cada cual pueda elegir la edad de jubilación, dentro de un rango amplio, sabiendo las consecuencias en términos de descuento o mejora de su pensión. Y un 44,9% estima que habría que ajustar automáticamente la edad de jubilación ligándola al aumento de la esperanza de vida.
Una mayoría de panelistas -61%- aboga, además, porque sea cual sea el criterio para elegir la edad de jubilación, se pueda compatibilizar de forma eficaz la pensión de jubilación con la actividad laboral remunerada.
En el ámbito del mercado de trabajo, a esta anunciada escasez de trabajadores como consecuencia del parón demográfico y el envejecimiento de la población en España, se une la revolución digital que, para el 46,6% de los entrevistados, está dejando obsoleto el modelo laboral vigente. Los directivos, expertos y empresarios consideran mayoritariamente -el 66,3%- que el problema al que nos enfrentaremos en el futuro no será solo la escasez de trabajadores sino la falta de empleados cualificados para la economía digital. De hecho, un 44,5% estima que España seguirá teniendo desempleo estructural.
Respecto al debate sobre los efectos de la robotización y la digitalización, los panelistas no tienen una visión pesimista. El 66,9% asegura que, aunque desaparecerán muchos empleos y tareas convencionales, se crearán otros muchos trabajos más avanzados y de mayor valor.
Cuando se les pregunta a los expertos y directivos sobre si debemos seguir con un sistema como el actual, de adquisición de derechos (prestaciones) sociales basados en el trabajo, o si habría que pasar en un futuro a otro centrado en la mera ciudadanía, la respuesta es bastante consistente. Nuestro modelo de derechos fundamentados en el trabajo es más productivo -según el 62,4%- y otorga mejores prestaciones -según el 47,8%- que uno de ciudadanía.
El Consenso Económico, correspondiente al primer trimestre de 2019, incluye además las perspectivas de los expertos, empresarios y directivos sobre la evolución de la actividad en España, que se mantienen estables respecto a nuestro informe anterior. Los panelistas esperan que en los próximos trimestres continúe la suave desaceleración de la economía española iniciada hace unos meses y la media de sus opiniones apunta a un
crecimiento del PIB del 2,2% en 2019 y del 1,9% para 2020. Una actividad que irá acompañada de unos precios que, según el 63% de los encuestados, se situarán entre el 1% y el 1,5% a finales de este año y de unos tipos de interés que, en esa misma fecha, seguirán anclados en el 0% para el 48% de los panelistas.
En relación a la evolución del consumo de las familias y de la demanda de vivienda, son pocos los que consideran que ambos factores vayan a aumentar en los próximos seis meses -el 13% y el 23%, respectivamente, pero, en ambos casos, un 60% espera que se sigan comportando igual. Algo similar sucede con las expectativas de los expertos sobre la evolución de la inversión productiva, las exportaciones y la creación de empleo. Solo un 17,5% espera que tanto la inversión productiva como las exportaciones aumenten en los próximos seis meses y una mayoría -del 62,5%y el 53,3%, respectivamente-, espera que permanezcan estables. Mientras que un 48% de los encuestados asegura que el ritmo de creación de empleo disminuirá.
En el plano internacional, las expectativas de los panelistas siguen marcadas por la incertidumbre y la debilidad del crecimiento. Disminuyen del 55,7% al 50% los que califican la situación actual de la economía mundial como buena y aumentan prácticamente en la misma proporción -hasta el 44%- lo que la consideran regular. Este desplazamiento hacia posiciones menos optimistas son más pronunciadas cuando se les pregunta a los expertos sobre la Unión Europea: caen en más de 25 puntos, hasta el 19,1% los que piensan que la situación es buena y crecen en 20 puntos, los que la califican como regular. Para diciembre de 2019, el 33,6% de los expertos, empresarios y directivos espera que la situación económica en la eurozona siga igual y un 57,9% que vaya a peor. Las dos principales cuestiones que están condicionando las perspectivas a corto plazo de la coyuntura económica mundial son los riesgos derivados de las tensiones proteccionistas -para el 63,9%- y los riesgos asociados al Brexit y a la integración europea –para el 59,2%-.
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