Estamos viviendo la mayor crisis sanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y las medidas para afrontarla suponen una paralización de la economía mundial. En el corto plazo, los apoyos económicos se dirigen a mantener y reforzar el sistema sanitario y a paliar los efectos de los sectores económicos más afectados para evitar quiebras y asegurar servicios básicos. A medio plazo, las instituciones multilaterales y los gobiernos están preparando enormes paquetes de estímulos para reactivar la economía y estimular el crecimiento y la creación de empleo. Es un buen momento para reflexionar sobre el modelo económico que queremos para el futuro.
La crisis económica actual ha coincidido con la crisis climática. El dilema no es si podemos atacar al COVID-19 y al cambio climático, sino si podemos permitirnos no hacerlo. La pandemia nos ha enseñado que es “mejor prevenir que curar” y esto también es cierto para el clima.
La OCDE estima que el impacto en el PIB mundial del cambio climático será del 2% en 2060, empeorando en horizontes más alejados, a lo que hay que añadir los conflictos geopolíticos, problemas de salud, eventos climáticos extremos, sequías, hambrunas, etc. Las pérdidas globales por eventos climáticos solo en la última década se estiman en 3 billones de dólares.
El dilema no es si podemos atacar al COVID-19 y al cambio climático, sino si podemos permitirnos no hacerlo
El sector financiero ha alertado de los riesgos de cambio climático para la estabilidad financiera, tal como comentaba Mark Carney ya en 2015 o como reforzaba Larry Fink, CEO de BlackRock, a principios de año, anticipando un replanteamiento global de las finanzas.
A pesar de que hemos ido reduciendo nuestra intensidad de carbono en un 1,6% desde el año 2000, no avanzamos a la velocidad suficiente. Para alcanzar los objetivos de París deberíamos estar reduciendo nuestra intensidad de carbono en un 11,3% si queremos limitar el aumento de temperatura a 1,5ºC y evitar efectos devastadores peores que el COVID-19.
Aunque la pandemia ha provocado un menor uso energético y una caída de las emisiones, esta reducción no es permanente. Las reducciones desaparecerán cuando se reactive otra vez la economía, una vez superada la crisis sanitaria. Los costes de no actuar son enormes, unos 600 billones de dólares para final de siglo. ¿Nos lo podemos permitir?
Por otra parte, las decisiones que se tomen en los próximos meses modelarán la economía de la próxima década. Los estímulos para la recuperación costarán millones de euros. Los gobiernos no podrán dedicar recursos de esta escala hacia otras necesidades en años. No podemos salir de la pandemia y entrar en la crisis del cambio climático.
Por ello, tras las actuaciones urgentes dirigidas a salud y protección social, los programas de recuperación deberían dirigir la economía hacia un crecimiento sostenible y una mejora de la resiliencia.
Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en el que han colaborado economistas de prestigio como Joseph Stiglitz o Nicolas Stern, demuestra que las políticas de estímulo verdes dan lugar a un mayor número de empleos, generan mayores retornos en el corto plazo, y conducen a un mayor efecto multiplicador a largo plazo en comparación con estímulos fiscales tradicionales.
Es momento de abandonar los subsidios a los combustibles fósiles (unos 400.000 millones de dólares anuales) y apostar por eficiencia energética, energías limpias e infraestructuras de apoyo, mejora de edificios, investigación y desarrollo en tecnologías limpias, inversiones en regeneración de ecosistemas y restauración de suelos degradados, infraestructuras de transporte sostenible… Invertir también en educación y formación para paliar el desempleo generado por la crisis del coronavirus.
En España, el GECV considera que la aceleración de las inversiones asociadas al Plan Integrado de Energía y Clima (unos 240.000 millones en la próxima década) y la aprobación de la ley de cambio climático son un punto de partida de vital importancia para sentar las bases de una sólida recuperación, alineada con los objetivos climáticos y la agenda de desarrollo sostenible.
Este mismo sentimiento es compartido por muchas otras entidades nacionales e internacionales. La Agencia Internacional de la Energía ha declarado: “No deberíamos dejar que la crisis actual comprometa a la transición hacia una energía limpia”. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, considera la plena vigencia del Pacto Verde Europeo, como hoja de ruta política para la recuperación económica, adoptando como ejes estratégicos de acción la descarbonización y digitalización. ¿Podemos perder esta oportunidad?
Hemos presenciado una revolución tecnológica que ha permitido que en la última década los precios de la energía eólica se hayan reducido en un 70% y los de la fotovoltaica en un 89 %, lo que hace que estas energías sean actualmente muy competitivas frente a las tradicionales. El compromiso de los inversores con la inversión sostenible ha ido en aumento.
Un Grupo de inversores que representan 4,6 billones de dólares de activos bajo gestión, se ha comprometido a gestionar sus carteras alcanzar en sus carteras la neutralidad en 2050 para alcanzar el límite de aumento de temperatura de 1,5 °C. Aumenta la inversión responsable y el activismo en las Juntas de Accionistas para impulsar compromisos climáticos más ambiciosos.
Recientemente, un grupo de empresas y líderes políticos y sociales han firmado un manifiesto para reclamar a la Comisión Europea un plan de recuperación que incluya la transición verde y la transformación digital. A nivel geopolítico, los surcoreanos acaban de elegir en las recientes elecciones el partido político que apoya el crecimiento verde como el proyecto para el futuro. China, en su nueva etapa de modernización propuesta por Xi Jinping, llamada “Nueva infraestructura», podría avanzar también en términos de tecnologías verdes, incluso si el carbón no ha dicho aún su última palabra. Francia y Holanda piden condiciones comerciales más duras para la UE en materia de sostenibilidad y se insta al bloque a hacer cumplir las normas ambientales y laborales mediante aranceles. BlackRock está asesorando a la Unión Europea en regulación verde para los bancos, de forma que se integre la sostenibilidad en la regulación bancaria. ¿Podemos perder el tren inversor y comercial?
En medio de esta pandemia, además de la desorientación, la pérdida de confianza y la preocupación ante la incertidumbre, los ciudadanos europeos también parecen compartir el sentimiento de vulnerabilidad, particularmente frente a la degradación ambiental. La necesidad de considerar la salud pública y la protección del medio ambiente como bienes comunes a proteger parece afectar a todas las sociedades europeas.
Las inversiones futuras dependen de la ambición social y ambiental común. Orientar los estímulos de recuperación hacia una economía verde, y socialmente resiliente tal como proclama el Pacto Verde Europeo y señala la Agenda 2030, puede constituir un verdadero proyecto común para salir de la crisis.La economía verde es la mejor inversión para la recuperación. No podemos errar en la reactivación económica: Build back better.
Senior Advisor de PwC y Secretaria General Técnica del Grupo Español de Crecimiento Verde
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