Las Administraciones Públicas se ven en la obligación de avanzar al ritmo que marca la globalización. La digitalización de documentos ha dejado obsoletos los procesos utilizados hasta la fecha por este tipo de organismos y la legislación ha creado mecanismos de mejora en la relación ciudadano y entidad pública.
Para tal fin nace la Ley 39/2015, con la intención de regular esta relación y con la exigencia de modernizar la gestión municipal e involucrarse en la responsabilidad con el entorno. Entre las principales características de esta Ley se encuentran:
Toda entidad pública que decida cumplir con este nuevo requisito legal se verá beneficiada con una amplia reducción en el coste material de cada uno de los trámites que desempeña, así como con la eliminación o agilización de fases en la burocratización pertinente de cada proceso. Ello le permitirá incrementar la madurez electrónica en la presentación telemática y en la consulta del estado de los expedientes, asegurándose una total transparencia de cara al ciudadano y al resto de Administraciones Publicas y Organizaciones con las que mantenga relación.
La Administración del futuro ha llegado. Realizar una eficiente gestión administrativa de un modo nítido en los procedimientos es un servicio con gran valor añadido que los gobernantes pueden ofrecernos en la nueva relación entre ciudadanos y Administración Pública.
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