Sede de Naciones Unidas de Nueva York. Foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible 2018. Allí han llegado ya las delegaciones de los 47 países que estos días se someterán al examen nacional voluntario sobre su progreso en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que conforman la Agenda Global 2030. España está entre ellos.
El foro se reúne anualmente durante una semana del mes de julio. Los países presentan sus evaluaciones voluntarias durante el segmento ministerial, que dura tres días. En esta ocasión, este segmento ha comenzado el pasado lunes 16 y concluirá el miércoles 18, día en el que España presentará sus avances a la presidenta del Consejo Económico y Social y a los cuatro vicepresidentes que la acompañarán.
Setenta y cuatro países han pasado ya por este proceso en los dos años de vida de los ODS, que ha de ser voluntario y dirigido por el Estado. España lleva un año preparándose para ello. Con este fin se aprobó en mayo de 2017 el nombramiento del Embajador en Misión Especial para la Agenda 2030 y en septiembre del mismo año se creó el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Fue este Grupo, integrado por todos los ministerios y adscrito a la Presidencia del Gobierno, el que decidió formular un Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018 y publicado el 10 de julio. En el trascurso de esos pocos días se creó además la figura del Alto Comisionado para la Agenda 2030, para la que se ha nombrado a la periodista y miembro del Consejo Europeo Cristina Gallach, que acompañará al ministro de Exteriores y a la ministra de Transición Ecológica en la cabeza de la Delegación española que presentará las conclusiones del examen voluntario.
Tal como prevé el mecanismo de evaluación, junto a una serie de indicadores comunes se permite a los Estados cierta flexibilidad para incorporar indicadores propios, así como otros aportados por organismos del tercer sector. Así lo hará España, que ha contado con la participación de diferentes plataformas sociales, empresariales y educativas para elaborar su informe preliminar.
Aún no conocemos el resultado de la participación nacional, pero en ese documento previo preparado a tal efecto se señalan las carencias identificadas en el recorrido; y no son pocas: elevados niveles de desigualdad social; elevados niveles de riesgo de pobreza o exclusión social, con especial impacto en la infancia; altos niveles de desempleo, sobre todo juvenil; “deplorables” (cito textualmente) niveles de violencia de género y amplia brecha salarial entre hombres y mujeres; escaso gasto social; escasa inversión en I+D; elevados niveles de corrupción; discriminación racial; altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero; limitaciones en la gestión sostenible del agua; esfuerzo insuficiente en ayuda al desarrollo.
El compromiso con la Agenda 2030 es del Estado, pero no se podrán alcanzar los objetivos sin la participación de todos los agentes, públicos y privados. Los primeros parece que han tomado ya el testigo y han definido su estrategia; los segundos aún tienen que enfocar mejor y, sobre todo, identificar sus oportunidades y riesgos asociados a la Agenda 2030.
Según el informe ‘How to report on the SDG’ publicado por KPMG en febrero de 2018, 40% de las 250 compañías más grandes del mundo incluyen menciones a los ODS en sus informes corporativos, pero de ellas solo 10% cuenta con objetivos operativos vinculados a los ODS y 8% muestra claramente un business case para la acción. Son datos que reflejan el camino que queda por recorrer hacia el desarrollo sostenible.
Si nos asomamos al futuro que nos espera, veremos que en 2050 seremos casi 10.000 millones de personas y viviremos concentrados en mega ciudades. En 2030 en torno a 13% tendrán más de 65 años y 40% de los desempleados serán jóvenes. Aunque en torno a 10% de la población mundial aún vive en el umbral de la pobreza extrema, esta cifra ha disminuido considerablemente desde 1990, lo que significa que consumimos más y accedemos a más y más productos y servicios que favorecen nuestro bienestar. Al ritmo actual, en 2050 habremos necesitado dos planetas y un tercio para abastecernos y una de cada cuatro personas viviremos con escasez de agua dulce. Hasta esa fecha, 1% del PIB mundial habrá de ser destinado a paliar las consecuencias del cambio climático, que hará estragos en los campos, las ciudades, las infraestructuras, la salud, los ecosistemas y que, según las estimaciones, podría generar 200 millones de desplazados.
Viviremos en el imperio de la tecnología, que favorecerá la productividad y contribuirá a resolver problemas nuevos de forma más segura, inteligente y ágil, pero con riesgos. Las llamadas FAMGA (Facebook, Apple, Microsoft, Google y Amazon) acabaron el año 2017 con una capitalización cercana a los 500 billones de dólares, aproximadamente el PIB de Bélgica o Polonia. Se estima que para 2030 los centros de datos y las actividades relacionadas con internet consumirán más energía que la propia China.
Cierto es que las cinco grandes son las primeras en plantear el objetivo de contar con 100% de su energía renovable. Además, el gap de infraestructuras (transporte, energía, agua, telecomunicaciones) hará que sean necesarios 57 billones de dólares hasta 2030 para cubrir la demanda. Para cumplir con los objetivos del Marco de Clima y Energía para 2030 de la Unión Europea, serán necesarios 30.000 millones de euros al año. En 2016 creció la inversión sostenible en el mundo 25,2% más que en 2014, mientras que el PIB creció un 5% en ese periodo.
Y es que el desarrollo sostenible presenta grandes oportunidades de negocio para las empresas, aunque no todas lo están sabiendo ver. Y esa ceguera temporal también puede amenazar a las organizaciones, que se encuentran con un entorno desafiante sembrado de riesgos procedentes de esta deriva hacia el desarrollo sostenible: riesgos de transición, de mercado, estratégicos, regulatorios, reputacionales…
Es momento de asumir una visión estratégica y mirar los ODS como lo que son, oportunidades y desafíos, y tomar posiciones: priorizar con criterio de negocio y foco local, definir los objetivos claros, y medir. Y la medición plantea otra cuestión: ¿qué indicadores serán los más idóneos?
A las puertas del examen nacional voluntario, la respuesta asoma por sí sola. Parece lo más lógico que los indicadores asumidos para evaluar la contribución de las organizaciones a los ODS sean los mismos que los que los estados utilizan para evaluar los avances del país. De este modo las compañías favorecerán el logro de los ODS en los entornos donde operan y se convertirán en organizaciones más competitivas y verdaderos agentes de cambio hacia un desarrollo sostenible.
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