Los datos de evolución de la enfermedad confirman que la pandemia ya está controlada en Europa y Estados Unidos. De hecho, algunos gobiernos han acelerado ya sus planes de desescalada o, como en el caso español, se han mostrado abiertos a hacerlo.
A medida que se retoma la actividad, aún con ciertas restricciones y con la obligación de mantener la distancia social, cada vez es más notoria la imposibilidad de volver al escenario previo a la COVID-19. Volver a la ‘antigua normalidad’ pasa obligatoriamente por el descubrimiento de una vacuna. Este avance permitiría restablecer la libertad total de movimientos y los aforos que existían antes de la epidemia, lo que impulsaría la recuperación de los sectores más afectados por la crisis sanitaria (hostelería, turismo y ocio) así como la confianza empresarial y de los consumidores.
El descubrimiento de una vacuna es un proceso que generalmente se prolonga entre seis y diez años. Tanto Estados Unidos como la Comisión Europea quieren reducir ese plazo a un año, aunque los expertos consideran que es imposible tener una vacuna segura en menos de 18 meses. La OMS tiene registrados actualmente 124 proyectos, de los que diez se encuentran en fase de evaluación clínica. Tres de ellos han anunciado avances sustanciales en la primera fase de evaluación (generalmente son cuatro), pero ello no significa que la vacuna que están desarrollando vaya a prosperar en las siguientes.
Mientras se avanza en el descubrimiento de la ansiada vacuna, los gobiernos siguen centrados en el desarrollo de planes y medidas que estimulen la recuperación. A este respecto, la Comisión Europea hizo pública el 27 de mayo su esperada propuesta para el Fondo de Reconstrucción Europeo. La Comisión plantea que este fondo esté dotado de 750.000 millones de euros, de los que 500.000 se destinarán a transferencias y 250.000 a préstamos. El fondo se financiaría a través de la venta de deuda que se pagaría a largo plazo, entre 2028 y 2058, y estaría garantizada por el Presupuesto de la Unión, que subiría su techo de gasto al 2% del PIB de los estados miembros. España recibiría 140.000 millones de euros, 77.000 de ellos en forma de transferencias.
Para acceder al fondo, los gobiernos deberán presentar planes de recuperación que sigan las recomendaciones de la Comisión y adoptar en sus marcos semestrales las reformas estructurales que establezca el Plan de Estabilidad y Crecimiento. Precisamente, una semana antes, el 20 de mayo, la Comisión Europea hizo públicas estas recomendaciones. En el caso de España, reconoce la necesidad de incrementar el gasto para hacer frente al impacto sanitario y económico de la crisis, pero advierte de que la situación fiscal se debería corregir en cuanto las condiciones económicas lo permitan. Asimismo, la Comisión aconseja al gobierno español que poner en marcha de forma efectiva las medidas de liquidez para empresas y autónomos, evitar el retraso en los pagos y acelerar los proyectos de inversión maduros, especialmente en materia de cambio climático, digitalización e investigación. Sin embargo, no incluyen ningún objetivo de reducción de déficit para 2021, como ha sido siempre habitual. Parece que la Comisión es partidaria de que los gobiernos gasten para estimular la economía y posponer los objetivos de deuda o déficit para más adelante. De todos modos, la propuesta de la Comisión aún debe contar con el visto bueno del Consejo Europeo.
La propuesta de la Comisión puede ser clave para la salvación de empresas de sectores estratégicos. De hecho, Alemania y Francia han utilizado ya de forma intensiva la flexibilidad de ayudas de Estado otorgada durante la crisis. La participación de los Estados en las empresas era una posibilidad que se valoraba en Bruselas antes de la pandemia con vistas a consolidar gigantes europeos en el mercado internacional. Hasta ahora la Unión Europea ha confiado ese objetivo a la creación de un mercado interno, comparable al de Estados Unidos o Asia, que estimularía que algunas empresas europeas llegaran a convertirse en gigantes internacionales. Sin embargo, basta con analizar el mercado tecnológico y de telecomunicaciones para comprobar que esta estrategia no ha dado frutos: ninguna de las grandes empresas del sector es europea, ni en fabricación de hardware, ni de software, ni en plataformas.
Quizá haya que ir más allá de los mercados para encontrar la razón para esta ausencia de gigantes europeos. Itziar Galindo, socia responsable del sector de Tecnología de KPMG en España, apunta a la ingente legislación, “que dificulta la innovación, el emprendimiento y la rapidez de respuesta, algo que en un mercado en el que los cambios son continuos y las tecnologías avanzan de forma rápida es vital si se quiere triunfar”.
Por su parte, Javier Arenzana socio responsable del sector de Telecomunicaciones de KPMG en España, destaca que en el sector de las telecomunicaciones la Unión Europea no ha llegado a constituirse como un mercado único comparable a China o Estados Unidos. “En esos mercados 3 ó 4 operadoras dan servicio a cientos de millones de clientes cada una, consiguiendo una escala inalcanzable para el centenar de operadoras que compiten en los 27 estados miembros”, explica. Para Arenzana, la puesta en marcha de políticas industriales activas a nivel europeo en el ámbito de la tecnología y de las telecomunicaciones podría favorecer la emergencia de grandes empresas europeas competitivas a nivel internacional. “Airbus, líder mundial en su sector, nació respaldado por un este tipo de iniciativas. A principios de este año Ursula von der Leyen anunció un nuevo paquete de programas orientados a recuperar la soberanía tecnológica en Europa, con foco en la economía digital, el BigData y la Inteligencia Artificial”, recuerda.
Así las cosas, la crisis de la COVID-19 plantea todavía incertidumbres. Gobiernos y ciudadanos han emprendido ya el camino de la recuperación sin conocer todavía muy bien con qué alforjas cuentan para recorrerlo. Mientras, los científicos prosiguen con sus investigaciones en busca de una vacuna que, seguramente, aceleraría la recuperación.
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