Durante las próximas semanas, el Gobierno recién constituido dará forma a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 en un nuevo escenario político que conduce a la necesidad de negociación con los grupos parlamentarios. En este marco, el debate sobre la territorialización de las inversiones puede cobrar mayor relevancia que en ocasiones anteriores, pero esta cuestión no debe desviar la atención de lo principal.
A pesar de la urgencia de la decisión presupuestaria, sería muy positivo que el Gobierno pueda explicitar la planificación del programa de inversión de la legislatura y de su financiación, al menos en los aspectos más relevantes. Con independencia de la necesaria negociación política, estamos ante una ocasión muy propicia para convertir la planificación y la evaluación en herramientas clave para la toma de decisiones.
Las dificultades para garantizar no sólo la sostenibilidad sino la suficiencia de la financiación para abordar las obligaciones derivadas del Estado del bienestar conducen a la necesidad de reconsiderar el modo en que financiamos una parte relevante de la provisión de bienes y servicios públicos disponibles. Este marco de planificación financiera a largo plazo es el que puede permitir que España sea capaz de volver al ritmo de dotación de infraestructuras públicas necesarias para garantizar el desarrollo de la actividad económica. Pero dicho marco debe ir conjugado con la disponibilidad de capital privado y de un potente sector de creadores y gestores de infraestructuras así como de profesionales -en la Administración Pública y el resto de operadores capaces de desarrollar proyectos y modelos avanzados.
Diversos informes han venido a incidir en la necesidad de las distintas inversiones en infraestructuras prioritarias. El Estado, a través del Pitvi, así como planes correspondientes a otros Ministerios, ha marcado sus prioridades para los próximos años, incidiendo en la necesidad de contar con diferentes mecanismos de financiación. Sin ánimo de ser exhaustivo, distintos sectores vienen reclamando la atención de los expertos, desde el transporte de mercancías y la mejora de la intermodalidad, el ciclo integral del agua, la sostenibilidad funcional, económica y medioambiental de la movilidad de las personas, las redes de datos, la rehabilitación de los entornos urbanos, la adecuación de infraestructuras de carácter social o el mantenimiento de las masas forestales, por poner sólo algunos ejemplos. La necesidad de cumplir los objetivos de déficit público ha impedido mantener los niveles de inversión en mantenimiento de las infraestructuras en el nivel óptimo, por lo que éste es uno de los ámbitos en que ha de centrarse el esfuerzo presupuestario si queremos mantener un nivel de seguridad y disponibilidad adecuado. Simultáneamente, hemos de definir para el futuro, y pensando tanto en la construcción como en el mantenimiento, modelos de gestión y financiación, así como un marco jurídico, alternativos al actual y con mayor potencial de eficacia y eficiencia.
Colaboración público-privada
Durante las últimas décadas, España se ha dotado de diversos organismos desarrolladores de infraestructuras que bien directamente, bien con el apoyo de mecanismos de colaboración público-privada han creado sistemas de financiación de infraestructuras que no dependen exclusivamente del ciclo presupuestario y han permitido desarrollos impensables previamente (Aena, Adif, Puertos). Es necesario abordar la idoneidad de extender este tipo de instrumentos institucionales a otras áreas necesitadas de impulso o dotación de un esquema diferente (intermodalidad, agua, carreteras, mercancías), que ha de complementarse con la utilización intensa y eficaz de fondos estructurales y mecanismos de financiación europeos, así como de modelos de colaboración público-privada evolucionados sobre la base de la experiencia tanto nacional como internacional. Obviamente, han de superarse obstáculos institucionales y financieros, pero este debate debe plantearse desde el punto de vista de las finanzas públicas consolidadas y de la operatividad de la solución aportada.
Las inversiones que se consignarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 ya están en gran medida comprometidas y el margen de decisión es reducido, pero sí es el momento para planificar la actuación inversora durante la legislatura y explicitar el camino a seguir para hacer posible y creíble lo que no se ha conseguido en los últimos años: que nuestro stock de capital productivo público se incremente constituyendo uno de los principales factores de desarrollo económico, coadyuvando al cumplimiento del resto de objetivos de política económica del Gobierno.
Autor: Cándido Pérez Serrano es Socio responsable de infraestructuras, transporte, gobierno y sanidad de KPMG en España
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