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Los procesos de gestión evolucionan y la vivienda en el sector público no está exenta de ello. Se ha vuelto crucial disponer de sistemas de información integrados que de forma ágil ayuden a los organismos competentes a resolver la transformación que se ha producido en años recientes.

Descubre, en esta entrada de nuestro blog tecnológico, las tendencias actuales y como los sistemas de información integrados facilitan estos procesos en el sector público.

La vivienda es un activo fundamental para los hogares y ha supuesto tradicionalmente un mecanismo de protección frente al descenso de los ingresos. Es habitual, por parte de los organismos competentes, regular y vigilar para:

  • En primer lugar, poder acceder a una vivienda sin realizar un esfuerzo financiero excesivo;
  • En segundo lugar, que las viviendas existentes ofrezca a sus moradores unas condiciones dignas y adecuadas;
  • Y por último, conseguir evitar situaciones de pobreza energética que afectan a la salud y la integración social.

Según diferentes estudios, los problemas más graves (como los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, que pueden desembocar, si se repiten, en procesos de desahucio) afectan solo a una pequeña proporción de la población española, pese a que su frecuencia aumentó durante la etapa de crisis. Asimismo, el coste de la vivienda sigue siendo un problema importante para algunos grupos sociales, que tienen que dedicar a este capítulo una parte muy importante de lo que ganan. En el caso de los jóvenes, el alto precio de la vivienda, tanto en propiedad como de alquiler, contribuye a retrasar los procesos de emancipación del hogar familiar.

Aunque los expertos aconsejan dedicar como máximo un 30% de los ingresos mensuales a la compra o el alquiler de la vivienda, los datos indican que los gastos de vivienda absorben de hecho una parte mayor de la renta disponible de muchas familias: más de una quinta parte de la población española vive en hogares sobrecargados por el coste de la vivienda, al superar estos gastos el 30% de su renta. Casi la mitad de la población declara que afrontar los pagos asociados a la vivienda supone una carga económica pesada.

En 2017 el número de hogares que perdieron su vivienda ascendió a 60.754 (0,05% de la población): 22.330 por impago de hipoteca, 35.666 por impago de alquiler y 2.758 por otras situaciones. A pesar de que el problema de los desahucios tiende a disminuir en los últimos años, los producidos por no poder pagar el alquiler crecieron en 2017 debido al fuerte incremento de los precios de la vivienda alquilada en España.

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