Como hemos indicado en artículos anteriores, la pandemia ha evolucionado hacia el peor de los escenarios que contemplaban los principales organismos económicos hace unos meses: varias oleadas que obligan a adoptar nuevas restricciones.
Los efectos económicos de la COVID-19 se están sintiendo especialmente en Europa y más concretamente en los países del sur. Para hacer frente a este choque asimétrico, que ponía en peligro la propia existencia de la Unión Europea, el Consejo Europeo aprobó en julio de 2020 Next Generation EU, un paquete de financiación dotado con 750.000 en transferencias y préstamos para hacer frente al impacto de la crisis, incrementar la resiliencia de los estados miembros y construir una economía verde y sostenible.
Uno de los aspectos rompedores de este programa es que se financiará a través de la emisión de deuda respaldada por todos los estados miembros. Formalmente no es un eurobono, pero realmente significa mutualizar la deuda, lo que hasta ahora había sido una barrera infranqueable para países como Alemania o los llamados estados frugales.
Este decidido impulso europeo para hacer frente de forma conjunta a la crisis originada por la COVID-19 se ha ralentizado desde el verano. En primer lugar, porque la condicionalidad para acceder a los fondos finalmente ha sido más estricta de lo que parecía: los estados miembros no solo deberán cumplir las recomendaciones específicas para los años 2020 y 2021, sino también con todas aquellas que no se cumplieran en ejercicios anteriores.
En segundo lugar, en sus planes de recuperación, los países están considerando exclusivamente las transferencias, por la dificultad que ya de por sí presenta ejecutar estos fondos y por el estigma que podría acarrear solicitar los préstamos. Este hecho reduce el potencial del programa Next Generation EU a la mitad.
Además, el campo de actuación de los fondos se ha ido enfocando en proyectos de inversión, dejando menos espacio para la financiación de los estabilizadores automáticos.
Por último, el calendario de aprobación y ejecución ha sufrido un retraso considerable. El bloqueo de Hungría y Polonia por su negativa a vincular la recepción de fondos con el cumplimiento del estado de derecho ha provocado que el Consejo no haya podido aprobar tanto el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 como el Plan de Recuperación hasta la última cumbre del pasado día 10 de diciembre.
Esta desaceleración en la respuesta común europea está estrechamente asociada a la evolución de la pandemia y su impacto en la actividad económica: aunque el número de contagios y, en algunos casos el de fallecidos, está siendo mayor que el de la primera ola, el impacto sobre la economía está siendo inferior. Sin el peligro de colapso económico inminente, las fuerzas de cohesión se debilitan y las fuerzas centrífugas ganan fuerza.
Para el conjunto de Europa, la segunda ola está teniendo más impacto sanitario que económico, aunque no ocurre lo mismo si se analiza de forma individual cada una de las grandes economías del Viejo Continente.
En Alemania, la curva ascendente de fallecidos en la segunda ola no parece estar teniendo impacto en la actividad económica, que durante el verano llegó a ser superior a la que se registraba antes de la pandemia. Francia presenta una tendencia similar a su vecino alemán: en esta segunda ola está acusando un incremento notable en el número de fallecidos, pero los efectos económicos fueron más adversos en la primera.
Por su parte, Italia presenta un patrón algo distinto: en la segunda ola la tasa de fallecidos se mantiene en niveles similares a los de la primera ola, pero la economía, de momento, no acusa un fuerte impacto, mientras que Reino Unido presenta un número menor de fallecidos en esta segunda ola y mantiene la fortaleza de la recuperación que inició con la reapertura de mayo.
Sin duda, el caso español es el más diferenciado: el país registra una tasa de fallecidos en la segunda ola significativamente inferior a la de la primera, sin embargo, presenta un comportamiento económico peor que el de los países de su entorno. La recuperación a la que dio lugar la reapertura fue más débil que la de sus vecinos y quedó paralizada en verano. Desde entonces, mantiene una tendencia descendente.
De la comparativa entre la situación que presentan los distintos países podemos deducir que aquellas economías con un fuerte componente industrial se están recuperando mucho más deprisa: al fin y al cabo, los bienes industriales se pueden trasladar en el tiempo, de modo que los coches o electrodomésticos que no se vendieron en abril, se pudieron vender con la reapertura.
Sin embargo, las habitaciones de hotel que no se ocuparon en verano ya no se podrán recuperar. La dependencia de la economía española con respecto al sector servicios está retrasando la recuperación. Ante este entorno, el consumidor nacional está optando por retrasar sus decisiones de compra y priorizando el ahorro como medida de precaución. Por tanto, para estimular la economía, es imprescindible crear un entorno de seguridad económica lo antes posible, que devuelva la confianza a los hogares españoles.
Esa seguridad pasa por construir un tejido empresarial más resiliente, capaz de limitar los efectos que futuros escenarios adversos puedan tener sobre la economía y el empleo. La Unión Europea ha puesto a disposición de España 140 mil millones de euros para conseguirlo. Por esa razón, los mecanismos de gestión que se implanten para ejecutar los fondos del programa Next Generation EU en nuestro país deben garantizar que se emplean para tal fin.
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